La Audiencia Provincial de Oviedo ha iniciado la apertura de un expediente contra Maite Ortiz y José María Erauskin, abogados que entre otras muchas causas apoyan la lucha contra el IRPH y los desahucios. Maite y José Mari han apoyado a nuestro grupo desde el principio, son pioneros en la lucha judicial contra el IRPH, fueron los primeros en conseguir sentencias de nulidad de IRPH en todo el estado y nos han representado hasta en el Parlamento Europeo. Además, colaboran de manera voluntaria con la PAH/Stop Desahucios y con plataformas a favor de los derechos de los animales.
Ahora, hemos sabido que la Audiencia Provincial de Oviedo pretende expedientarlos, por entender que con su comportamiento Maite y José Mari están obstaculizando el desahucio de dos ancianos en Avilés.
La defendida de Maite y José Mari es una anciana, propietaria de la vivienda familiar, que avaló con dicha vivienda un préstamo concedido a la sociedad mercantil de su marido, sociedad en la que ella no tenía participación alguna ni ligazón por su matrimonio, pues el matrimonio lo es en régimen de separación de bienes. La empresa quebró y la entidad reclama la vivienda de la mujer. Los abogados entienden que esta mujer es consumidora, pues tanto la Directiva europea de cláusulas abusivas en contratos suscritos por consumidores, como la legislación española entienden que es consumidor quien actúa en un ámbito ajeno a su actividad profesional, empresarial o laboral. Tener la consideración de consumidor es importante porque permite invocar la existencia de cláusulas abusivas en el contrato, y los abogados, desde que se incorporaron al procedimiento, han defendido el carácter de consumidora de su defendida. Así, han agotado todas las posibilidades que la legislación contempla, pero su último recurso ha sido desestimado y el juez ha aprovechado para iniciar la apertura de un expediente por entender que se están comportando de manera temeraria y que han utilizado el derecho de forma abusiva.
Mientras tanto, resulta que el Tribunal de Justicia de la UE acaba de dictar un Auto que establece la Directiva europea de cláusulas abusivas puede aplicarse a un contrato de celebrado entre una persona física y una entidad de crédito para garantizar las obligaciones de una sociedad mercantil cuando esa persona física actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional y carezca de vínculos funcionales con la citada sociedad. Es decir, que resulta que nuestros abogados tenían toda la razón y que el Tribunal de Justicia Europeo lo acaba de confirmar. En consecuencia, Maite y José Mari estudian emprender acciones contra un juez que haciendo una errónea interpretación de la Directiva 93/13/CEE ha intentado amedrentarlos con un expediente y ha intentado proceder a un desahucio reprochando a los abogados sus intentos por hacer respetar un derecho fundamental como es la vivienda.
Desde IRPH Stop Gipuzkoa nos solidarizamos con nuestros compañeros y amigos Maite y José Mari y les transmitimos todo nuestro apoyo. Estamos orgullosos de ellos y sabemos que si los sancionan será siempre de manera injusta y por intentar defender al más débil.
