La Audiencia Nacional ratifica la sanción millonaria a Ibercaja por manipular el IRPH

La entidad fue condenada a abonar una multa de 5 millones de euros por influir al alza en el resultado del IRPH

IRPH Stop Gipuzkoa recuerda que los afectados por esta manipulación no se limitan a los clientes de esta entidad y exige una compensación

Donostia, 4-6-2026

La sentencia 1986/2026 de la Audiencia Nacional española, de 29 de abril de 2026 aunque conocida esta semana, confirma la multa de 5 millones de euros impuesta a Ibercaja por remitir información inexacta al Banco de España para el cálculo del índice oficial IRPH. Esta resolución acredita que la conducta de una sola entidad contribuidora puede distorsionar un índice que se aplica a cientos de miles de hipotecas en todo el Estado, afectando también a clientes de otras entidades.

Según la sentencia, Ibercaja declaró al Banco de España datos erróneos incluyendo operaciones que no podían formar parte del IRPH y calculando incorrectamente las TAE que debía reportar. La Sala considera que estos incumplimientos constituyen al menos negligencia grave y justifica así la sanción de carácter grave impuesta en 2022 por el Banco de España y ratificada en 2023 por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Aunque hasta la fecha no se ha hecho público el número de meses en los que esta entidad proporcionó información incorrecta ni la magnitud de la inexactitud, la sentencia deja claro que el efecto en el resultado del IRPH fue inflacionista, reportando beneficios que la propia entidad no niega aunque trata de minimizar. La sentencia indica que no se puede llegar a saber el impacto total <>.

Esto podría ser solo la punta del iceberg de una práctica fraudulenta que ha afectado a más de un millón de familias afectadas por tener su préstamo hipotecario referenciado al IRPH. Sin embargo, IRPH Stop Gipuzkoa considera que muy probablemente el número de irregularidades cometidas por la banca será muy pequeño, y lo anterior por un motivo tan simple como alarmante: las entidades pueden influir en el resultado del IRPH incluso sin infringir la normativa vigente.

Esto fue demostrado en 2014 en un informe publicado por IRPH Stop Gipuzkoa y elaborado por el catedrático de Estadística Aplicada Juan Etxeberria Murgiondo. El doctor Etxeberria analizó la metodología de cálculo del IRPH y demostró que cada entidad puede “incidir, influir, manipular y condicionar” el resultado mensual del índice. El informe concluía que, debido a la estructura de media simple utilizada por el Banco de España, cualquier entidad tiene una capacidad de influencia perfectamente cuantificable sobre el valor del IRPH. Esta influencia la pueden ejercer de manera individual, sin necesidad de acuerdos con otras entidades, y sin infringir la normativa.

Esta ha sido una de las reclamaciones históricas de las personas afectadas por este índice: el IRPH es manipulable. La banca siempre ha intentado negar este extremo aludiendo a la ausencia de expedientes sancionadores por manipulación, algo que por sí solo no sirve para demostrar que el índice no sea manipulable. Es como pretender que uno es inmortal porque nunca se ha muerto. A partir de ahora ni siquiera podrán emplear ese supuesto argumento.

IRPH Stop Gipuzkoa valora de manera positiva la sanción de 5 millones de euros, y exige que dicha cantidad sea repartida entre las familias afectadas. Además, exige que los valores de IRPH mensual afectados por la manipulación sean corregidos y las cuotas hipotecarias correspondientes sean recalculadas, devolviendo las diferencias a las familias afectadas.

Por otro lado, cabe destacar que la vía judicial para conseguir la nulidad de la cláusula IRPH sigue abierta. Tras las últimas sentencias del Tribunal Supremo dando una vez más por buena esta cláusula, todo indica que el asunto volverá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tendrá que pronunciarse por sexta vez al respecto. Las anteriores ocasiones tuvo que resolver cuestiones prejudiciales remitidas por jueces españoles que tenían dudas sobre la postura del Supremo, siempre favorable a la banca. En todas y cada una de las cinco ocasiones anteriores el Tribunal Europeo corrigió al Supremo Español. Así lo entendieron los cinco jueces que remitieron las cuestiones prejudiciales, porque a la vista de la respuesta europea dictaron sentencias anulando el IRPH por abusivo. El Supremo sin embargo ha reinterpretado de manera cada vez más imaginativa todos y cada uno de los pronunciamientos europeos, y sigue dando por buena la cláusula. Desde sus últimas sentencias 1590/2025 y 1591/2025 de noviembre de 2025, está emitiendo además cientos de autos amenazando a las familias demandantes a condenarlas en costas si no retiran su demanda. Se trata de un auténtico escándalo y para remediarlo solo podemos confiar en el Tribunal Europeo.

Nueva sentencia del Supremo dando por buena la cláusula IRPH porque sí

El Supremo desobedece al Tribunal Europeo al no comparar ni el método de cálculo ni el valor resultante de aplicar el IRPH sin diferencial negativo

Sigue sin establecer un criterio válido a la vez que publica decenas de autos invitando a los demandantes a retirar su demanda bajo amenaza de una condena en costas

Donostia, 30/1/2026

La Sentencia 1948/2025 de 23 de diciembre de 2025 conocida hoy sigue en la línea de las anteriores STS 1590/2025 y 1591/2025 de 11 de noviembre dando por buena la cláusula IRPH sin fundamentos suficientes y desobedeciendo las indicaciones expresas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En efecto, el Tribunal Europeo en la última de las cinco ocasiones en las que ha corregido al Supremo español en materia de IRPH le ordenó que comparara el método de cálculo del IRPH y del Euribor y también el tipo resultante de aplicar el IRPH en cada préstamo con los tipos de interés aplicados en el mercado.

La sentencia 1591/2025 omitió la comparativa del método, y en la sentencia conocida hoy no se ha corregido este punto, por lo que la desobediencia queda confirmada.

En cuanto a la comparativa del tipo resultante, en la sentencia 1591/2025 se utilizaron para la comparativa unas estadísticas no representativas del mercado y por tanto no conformes a los requisitos de Luxemburgo. Además, y a pesar de que el tipo resultante en el contrato era superior a las estadísticas seleccionadas por el propio Supremo, este consideró que el desequilibrio causado no era lo suficientemente evidente como para declarar la abusividad de la cláusula, y lo hizo sin especificar a partir de qué magnitud considera que el desequilibrio sí es evidente.

En la sentencia conocida hoy el esperpento es todavía mayor: el contrato es del año 2000 y ninguna de las estadísticas seleccionadas por el Supremo está disponible para esa fecha, por lo que la comparativa no es posible. En esas condiciones el Supremo compara el tipo resultante con el tipo fijo inicial del préstamo y con el valor del Euribor. Ambos son inferiores, pero la diferencia no le parece «relevante ni desproporcionada», por lo que da por buena la cláusula sin decir cuánto le parecería una diferencia relevante.

Desde IRPH Stop Gipuzkoa queremos recordar que esta plataforma ya publicó un informe económico-financiero que descartaba todas y cada una de las series estadísticas que propuso el Supremo para la comparativa, y propuso una serie que sí puede considerarse representativa de los tipos de interés aplicados en el mercado. Se trata del tipo de interés medio ponderado de crédito a la vivienda publicado en el Boletín Estadístico del Banco de España como serie 19_4.2 y como serie MIR.M.ES.B.A2C.A.R.A.2250.EUR.N por el Banco Central Europeo (con datos facilitados por el Banco de España).

En el préstamo objeto de la demanda, el valor del IRPH más diferencial en el momento de contratación, julio de 2000, era de 5,899%. El tipo de interés nominal en el mercado, calculado a partir del dato del Banco de España, fue sin embargo de 5,7178%. ¿Esta diferencia de 0,1812% es relevante? Sabemos que para el Supremo no, pero analicemos lo que supone pagar un 0,1812% más durante 30 años en un préstamo como el de la demanda, y veremos que son como mínimo 3.122 euros. Podrían llegara a ser 7.985 euros si se calcula un préstamo de menor duración con mensualidad equivalente, pero quedémonos con los 3.122 euros. ¿Es un desequilibrio evidente para un préstamo de 75.127 euros? Pongamos ese dato junto a otro, para ganar perspectiva: si esa familia se retrasa en el pago de la hipoteca y acumula un retraso de 2.254 euros puede perder su casa, porque el Banco puede desahuciarla por acumular un retraso superior al 3% del capital prestado. Con esa perspectiva, si 2.254 euros son lo suficientemente relevantes como para dejar sin hogar a una familia ¿3.122 euros no son lo suficientemente relevantes como para apreciar un desequilibrio? Creemos que sí. La regla de comparar el desequilibrio con el 3% del capital prestado fue propuesta por los abogados pioneros Maite Ortiz y José María Erauskin y desde IRPH Stop Gipuzkoa creemos que el límite debe rebajarse a la mitad, a un 1,5%, porque nuestro derecho a una vivienda digna es como mínimo el doble de importante que el derecho de la banca a lucrarse con nuestra necesidad de financiación.

Cabe destacar que esta sentencia llega tras conocerse más de 77 autos del Supremo amenazando con una condena en costas a los miles de consumidores que tienen su caso a la espera de resolución en el Supremo.

En estas condiciones queda claro que el Supremo necesitará una sexta corrección por parte del Tribunal Europeo. Esperemos que en algún momento haya además una sanción a los magistrados, porque la desobediencia es flagrante.

IRPH: el Supremo amenaza a miles de consumidores con una condena en costas si no retiran su demanda

Publica al menos 77 autos invitando a desistir en la demanda, indicando que la postura del tribunal quedó fijada en las sentencias 1590 y 1591 de noviembre de 2025, a pesar de que una magistrada reconoció el mismo mes de noviembre que «estas dos sentencias forman parte de un cuerpo jurisprudencial que hay que completar»

En este contexto de inseguridad jurídica, la Audiencia Provincial de Barcelona se atreve a juzgar que no hay desequilibrio sin conocer el diferencial aplicado

Donostia, 26 de enero de 2026

La Plataforma IRPH Stop Gipuzkoa denuncia públicamente la oleada de autos amenazantes que el Tribunal Supremo está dictando desde diciembre de 2025. En efecto, se han conocido un mínimo de 77 autos que indican que las partes «conocen de antemano cuál sería el sentido de la resolución de la sala», haciendo referencia a las sentencias 1590/2025 y 1591/2025, de 11 de noviembre de 2025, favorables a la banca y que según estos autos «conforman una jurisprudencia consolidada». Los autos citan «los miles de recursos que penden en esta Sala sobre la validez de la cláusula de IRPH» y dejan clara su intención de dar por buena la cláusula en todos los casos cuando dicen textualmente que «no tendría sentido que nos dedicáramos a reiterar en todos los recursos pendientes esta doctrina jurisprudencial».

En ese contexto añade que «el Tribunal podría entender» que la no retirada de su demanda por parte de los consumidores «constituye un abuso de proceso y lo tendría en cuenta al pronunciarse sobre las costas».

Esto no sería del todo sorprendente conocida la trayectoria del Tribunal Supremo en materia de IRPH si no fuera porque poco después de publicarse las sentencias 1590/2025 y 1591/2025 la magistrada Raquel Blázquez Martín dijo expresamente que «estas dos sentencias forman parte de un cuerpo jurisprudencial que hay que completar» y reconoció que no hay seguridad jurídica.

Fue en la conferencia que la magistrada impartió en el Colegio de Abogados de Barcelona el 24 de noviembre de 2025, donde defendió que hay que «ir caso por caso», que «tendremos que, en algún momento, establecer criterios de desproporción y esos criterios de desproporción los tendremos que ir fijando casuísticamente». La magistrada anunció seis nuevas sentencias para diciembre, indicando que con las dos ya dictadas y las seis anunciadas «esperamos ir formando un cuerpo de doctrina que aporte seguridad jurídica».

Reconoció por tanto la falta de seguridad jurídica que existe tras las sentencias 1590/2025 y 1591/2025, que no establecen un criterio para determinar si la cláusula IRPH implica o no un desequilibrio suficiente como para declarar su abusividad. Esta falta de criterio es evidente y, como era de esperar, fue objeto de pregunta por los abogados asistentes a la conferencia. La magistrada se remitió a las seis nuevas sentencias que «se han señalado para el 10 u 11 de diciembre» y admitió que «tendremos que establecer criterios de desproporción». Añadió además que «cuando tengamos que afinar con el control de abusividad tendremos que dar pautas sobre qué es desproporción y qué no es desproporción importante; estas dos sentencias forman parte de un cuerpo jurisprudencial que hay que completar».

Cabe preguntarse qué ha pasado desde estas declaraciones del 24 de noviembre de 2025 para que el Supremo no haya publicado ni una sola sentencia más y haya emprendido una auténtica carrera de autos amenazando con una condena en costas a los miles de afectados que están a la espera de que el Supremo analice su caso. La gran beneficiada será nuevamente la banca, que verá cómo miles de familias se echan para atrás ante esta amenaza, pasando su caso a ser cosa juzgada y sin expectativas de poder revertirlo en el futuro aunque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea vuelva a corregir al Tribunal Supremo español. Hay que recordar que los abogados pioneros Maite Ortiz y José María Erauskin ya han anunciado su intención de elevar nuevas cuestiones prejudiciales a Luxemburgo, y la propia magistrada Raquel Blázquez dijo en su conferencia que no descartan que haya nuevas cuestiones prejudiciales. Dijo también que muchas veces les cuesta comprender las sentencias europeas. Si tienen dudas y creen que sus sentencias vuelven a ser cuestionables y otros jueces van a terminar preguntando a Europa, ¿por qué no tienen la humildad de preguntar ellos mismos? ¿Por qué hacer un daño irreversible a las miles de familias que están viendo juzgada su demanda con esta inseguridad jurídica?

La inseguridad jurídica y el esperpento es de tal magnitud que hay sentencias que consideran que no hay desequilibrio sin siquiera conocer cuál es el diferencial aplicado. Recordemos que Europa ha ordenado comparar el método de calculo y el tipo resultante. El Tribunal Supremo no ha acatado la orden y se ha negado a comparar el método de cálculo, solo ha comparado el tipo resultante y le ha parecido que el desequilibrio no es importante en el caso analizado. Pero no ha dicho por qué motivo o a partir de cuántos miles de euros considerará que el desequilibrio sí es importante. Y en ese contexto, en la Audiencia Provincial de Barcelona los señores magistrados le han sujetado el cubata al ponente Magistrado Regadera que en su sentencia 749/2025 de 9 de diciembre ha dicho que en el caso analizado no hay desequilibrio, a pesar de desconocer qué diferencial positivo aplicó la entidad. Con un par. Dice el señor Regadera, del diferencial positivo, que su cuantía «no consta expresamente en la documentación aportada a los autos pero que conforme a la práctica habitual del mercado en préstamos referenciados al IRPH se situaba en torno al 0,25-0,60 por ciento». Y que no, que no le parece para tanto, que no seamos pesados.

¿Cabe en la cabeza de alguien juzgar el desequilibrio sin conocer el diferencial aplicado? Sería parecido a juzgar a un conductor temerario que superó el límite de velocidad o el de alcohol en sangre pero sin saber por cuánto. O sentenciar a un asesino en serie sin saber cuántas víctimas tuvo, basándose en la práctica habitual de los asesinos en serie. En las películas nada de eso tendría sentido, pero para la justicia española en materia de IRPH parece que todo vale.

En ese sentido es muy interesante la aportación de los abogados pioneros Maite Ortiz y José María Erauskin, que han propuesto extrapolar a toda la vida del préstamo el desequilibrio detectado en cada caso, calcular cuántos euros supone, y compararlo con el principal del préstamo. Puesto que un impago del 3% del capital prestado permite a los bancos desahuciar a las familias, Ortiz y Erauskin proponen que del mismo modo un desequilibrio equivalente al 3% del capital prestado sea considerado desequilibrio evidente y por tanto suponga que la cláusula puede considerarse abusiva. Desde IRPH Stop Gipuzkoa, por una vez, discrepamos y proponemos que el límite se fije en un 1,5%, porque nuestro derecho a una vivienda es como mínimo el doble de importante que el derecho de la banca a lucrarse con nuestra necesidad de financiación.

Recordamos que en nuestra web existe una calculadora que permite calcular este desequilibrio.

Publicamos en exclusiva la presentación empleada por la Magistrada en su conferencia. Hemos añadido nuestros comentarios. Puedes descargarla aquí.